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Crean unidad local contra el fraude en la salud

Desde julio del pasado año, Puerto Rico cuenta con una unidad investigativa especializada en casos de fraude contra Medicaid y contra empresas relacionadas a la salud, una herramienta doblemente necesaria, para controlar el mal uso de fondos y asegurar la continuidad de las asignaciones federales, dijo la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón.

“La ley está vigente y tendrá consecuencias”, aseveró la funcionaria durante una presentación a la junta de directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, reunida recientemente en un restaurante del Condado.

En la reunión se juramentó además la nueva junta de directores de la organización y se hizo un reconocimiento a tres distinguidos miembros de la industria local de la salud. La actividad contó con la presencia del secretario de Salud, doctor Rafael Rodríguez.

Según explicó la fiscal, la Ley 154 del 23 de julio de 2018 creó la Unidad local de Control de Fraude al Medicare (MFCU, por sus siglas en inglés), que posibilita procesar criminal y civilmente conductas que quizás no estaban contempladas en el Código Penal. Además del fraude al Medicaid, el estatuto cubre el fraude a compañías privadas, incluyendo laboratorios, proveedores de equipos médicos y farmacias, entre otros. Provee además compensaciones a delatores.

Asimismo, la ley capacita a los fiscales a procesar a personas o instituciones que reciban fondos de Medicaid e incurran en maltrato o negligencia contra pacientes.

El Departamento federal de Salud y Servicios Humanos, que se ha mantenido verificando el desarrollo de la unidad, le otorgó su certificación a fines de diciembre pasado, lo que permitió su pleno funcionamiento desde el 1ro. de enero de este año.

De acuerdo con la jefa de fiscales, las MFCU comenzaron a ser creadas en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos ya desde la década de 1970 y actualmente 49 estados las tienen. Con el tiempo, y habiendo demostrado ampliamente su efectividad, el gobierno federal tomó la determinación de hacerlas mandatorias para todos los estados.

En ese sentido, recalcó Castellón, la creación de la unidad tiene un doble propósito: asegurar que los fondos que Medicaid asigna al país se utilicen correctamente y cumplir con el reglamento federal que exige la existencia de este tipo de organismo antifraude.

Si el gobierno de Puerto Rico no creaba la MFCU local, “hubiera puesto en riesgo la asignación billonaria” de Medicaid. Además, en el caso de Puerto Rico, es un paso dirigido “a restablecer nuestra credibilidad y mostrar buena voluntad, de que los fondos están siendo bien utilizados”.

Específicamente, estaba en riesgo el 25 % de los fondos de Medicaid, de acuerdo con las leyes federales que exigen la creación de este tipo de unidades antifraude y total transparencia en los procesos. El gobierno de los Estados Unidos venía reclamando desde hace siete años el establecimiento de la unidad.
La ley local se basó en un estatuto federal cuyo alcance es bastante amplio, ya que permite acusar por el mal uso de fondos federales y por el fraude a empresas privadas. “El robo de identidad está relacionado frecuentemente” con este tipo de delitos, apuntó la fiscal.

“La gente no comprende que los crímenes de cuello blanco los afectan directamente”, destacó. “El dinero termina de maneras ilícitas en los bolsillos de las personas. Como fiscal, uno no sólo desea imponer una responsabilidad penal, sino hacer una acción de recobro y confiscar los bienes adquiridos a base de la actividad ilícita”.

La unidad local estará adscrita al Departamento de Justicia y operará con fondos federales, que inicialmente costearán el 100 % de sus gastos, reduciendo paulatinamente la aportación a 90 %, 75 % y así sucesivamente. Trabajará en conjunto con Salud federal, que conserva jurisdicción sobre estos casos, y con la Oficina federal del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés), dijo Castellón.
“Esta es una materia sumamente especializada, por lo que investigar este tipo de casos no es fácil”, reconoció. “El sistema de manejo de información médica (MMIS, por sus siglas en inglés) nos ayudará mucho a hacer los análisis especializados que se requieren”.

“Sabemos que los casos están ahí y que es mucho lo que podemos hacer”, expresó la jefa de fiscales, mencionando el ejemplo de los hogares de ancianos, una población vulnerable a todo tipo de abusos. “Vamos a encontrar tantos casos, desgraciadamente, que necesitaremos crecer como unidad. No vamos a dar abasto con todos los casos que hay que atender”.

Castellón precisó que la ley que creó la MFCU local no sólo aplica a individuos, sino a organizaciones de manejo de cuidado médico (MCO, por sus siglas en inglés). “No necesitaremos órdenes de allanamiento para obtener documentos o evidencia”, subrayó.

La reducción en los casos de fraude, además, permitirá el ahorro de dineros que podrán invertirse en los pacientes y en servicios médicos, dijo por su parte el gobernador Ricardo Rosselló en expresiones publicadas en la Prensa.

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